Las bandas criminales --como se ve ahora en Michoacán y Guerrero y los primeros indicios en Morelos-- sentaron su dominio hegemónico en zonas territoriales cuando el Estado y las instituciones estatales y municipales fueron corrompidos por los delincuentes. La ofensiva de seguridad en el sexenio pasado derrotaba bandas pero sin asentar de nueva cuenta el dominio hegemónico del Estado.

La Comisión Intersecretarial se podría convertir en el instrumento para blindar las zonas territoriales recuperadas por el Estado que estaban en poder del crimen organizado y podría funcionar como la aldaba para convertir la estrategia de seguridad en integral por tres vértices:

1.- La profundización de las decisiones de seguridad propiamente dichas no sólo a través de las fuerzas armadas y la policía federal, sino obligando a estados y municipios a profesionalizar sus cuerpos de seguridad.

2.- La reforma a la Ley de Víctimas para evitar que la victimización se agote en el cobro de indemnizaciones y derive en el beneficio económico. La Ley de Víctimas debe ser asumida como una consecuencia de la inseguridad y no la causa.

3.- Y la Comisión Intersecretarial de Prevención Social estaría jugando el papel de reconstruir los tejidos sociales y políticos que destruyó la corrupción política y gubernamental quecedió las plazas a las bandas criminales.

En el sexenio pasado, la ofensiva gubernamental fue desplazando a las bandas criminales pero sin reconstruir la vida cotidiana. Faltó, con mucho, la estrategia de crear empleo, ampliar la dinámica productiva y volver a cohesionar a la sociedad. El PAN como partido en el gobierno en el sexenio pasado brilló por su ausencia en las zonas recuperadas; hoy el PRI, por estar en la presidencia de la república, está obligado a reactivar la vida social como una forma de blindar las zonas territoriales que antes estaban en poder de las bandas.

Las dos tareas que se le presentan a los grupos dirigentes de todos los partidos son las de modernizar las instituciones de seguridad y las de reactivar las economías locales. Los gobiernos estatales están enfrentando la descomposición de sus cuerpos de seguridad pero ante la ausencia de iniciativas de reorganización integral: las protestas de policías acusados de servir al crimen organizado en Michoacán, Guerrero y Morelos han encontrado con gobiernos estatales carentes de instrumentos de poder y, sobre todo, de iniciática para diagnosticar las crisis y preparar soluciones de corto plazo.

En este contexto, la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia tiene la posibilidad de consolidar las zonas liberadas de crimen organizado pero tendría que pivotear con los gobiernos estatales y municipales, sin duda corresponsables del aumento de la delincuencia en sus territorios. Las fuerzas federales de seguridad operan en el corto plazo, la Comisión Intersecretarial federal tendría que asentar la presencia del Estado pero los gobiernos estatales y municipales estarían obligados a fortalecer la seguridad ciudadana en esos territorios.

Lo que le hace falta al gobierno federal, a los gobiernos estatales y municipales y a los partidos políticos es recuperar la capacidad de interrelación social para cerrarle los espacios de movilidad a las bandas del crimen organizado. Las instancias de gobierno y las instituciones políticas se han olvidado de establecer elementos de cohesión social. En los años de la crisis económica y sus derivaciones en crisis social y crisis políticas la sociedad se encontró sin instancias de interrelación social y se llegó al grado de que la delincuencia, la corrupción y el deterioro gubernamental condujeron a la desaparición en los hechos de la sociedad como organización dominante.

Si bien la tarea de coordinación de la Comisión Intersecretarial es Gobernación será de funcionamiento, la tarea fundamental estará en la Secretaría de Desarrollo Social como el espacio de articulación de acciones concretas. Y los partidos políticos están obligados a reconstruir su papel integrador de la sociedad a nivel municipal. Sin esas dos acciones, la Comisión Intersecretarial terminará en una instancia burocratizada incapaz de contribuir a la restauración de los tejidos sociales y políticos en zonas territoriales.

Y el tercer nivel fundamental en la nueva estrategia de seguridad estaría en los gobiernos estatales y municipales, cuyas funciones deberán de pasar de la queja cotidiana a iniciativas de nuevas interrelaciones con los grupos sociales. Los últimos sexenios federales priístas y el docenato panista se olvidaron del fortalecimiento de la estructura social como la tarea fundamental de un gobernante. Ello contribuyó a crear vacíos sociales que fueron ocupados por las bandas criminales no sólo en zonas marginadas sino en los altos estratos sociales.

El crimen organizado contribuyó a destruir los tejidos sociales y políticos y los acuerdos de convivencia social. Así, el narco se posicionó de las zonas rurales cuando el PRI y su estructura campesina e indígena dejaron de funcionar y, en muchos casos, se convirtieron en cómplices de las bandas criminales. Las clases medias sacrificadas por la crisis también dejaron de ser activos de los partidos y fueron presas de los intereses de distribución y consumo de droga.

Sin inmediatas acciones económicas, productivas, sociales y políticas del Estado, los gobiernos estatales y los partidos, las comisiones de lucha contra la delincuencia se van a ahogar en una burocracia insensible.